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Corrupción en la Warner: cuatro detenidos por amañar contratos de mantenimiento

13-01-2017 Parque Warner Madrid Publicado por empaire

Contratos amañados y facturas infladas entre Piolín y el Gato Silvestre. La Guardia Civil acaba de destapar una red dedicada a la estafa y la corrupción en el Parque de la Warner, situado en el municipio de San Martín de la Vega. Según ha podido confirmar este periódico, cuatro personas han sido arrestadas por varios delitos en la última semana, en una operación que todavía continúa abierta.

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La investigación ha sido llevada a cabo por el equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. En las conclusiones se acusa a los cuatro detenidos de los delitos de corrupción entre particulares, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El núcleo del caso se centra en los contratos de mantenimiento del parque temático, que según los investigadores se adjudicaban a dedo. De esta manera se limitaba la libre concurrencia de otras empresas para optar a la consecución de esos contratos.

Pero lo más llamativo es que muchos de esos trabajos no se llegaron a realizar jamás aunque sí se cobraron, como se ha determinado durante las pesquisas. Además, en estos contratos se han inflado los precios de las facturas, así como los presupuestos originales de los proyectos.

La instrucción del caso está en manos del titular del Juzgado número 6 de Valdemoro, y ha estado secreta durante todo el tiempo que ha durado. Sin embargo, el asunto aún no ha terminado y es probable que vuelva a haber nuevas detenciones, según explicaron fuentes cercanas al caso.

De los cuatro detenidos, todos apresados entre los días 3 y 4 de enero, uno fue hasta hace poco el director de mantenimiento del parque. Esta persona, Alberto J. M., de 38 años, en principio podría ser considerado responsable de las adjudicaciones irregulares.

Los contratos de mantenimiento, siempre según los datos manejados por los investigadores, se otorgaban a las mismas empresas de manera arbitraria, para luego generar un reparto de beneficios al bolsillo de los implicados.

Los otros tres arrestados son la pareja formada por Ricardo G. L., de 58 años, y María del Pilar J. D., de 54; además de Gema María G. T., de 25. De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, Ricardo y María del Pilar comparten al 50% una sociedad llamada Ferretería Industrial Sangar S.L., dedicada al «comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados».

Además, María del Pilar figura en el Registro como administradora única de otra firma llamada Inyser Sistema S.L., dedicada a la construcción de edificios residenciales. De esta sociedad llama la atención que tiene presentada la declaración Fatca, que es obligatoria para las empresas que hacen negocios con compañías de Estados Unidos. Estas dos empresas tienen la sede social en Alcobendas, mientras que sus titulares están empadronados en el municipio de Algete.

Los agentes piensan que la trama ha utilizado una red de empresas para cobrar y mover el dinero con el fin de blanquearlo.

La cuarta detenida, Gema María G. T., en principio es una administrativa que podría haber trabajado para esta trama.

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Cuatro años de fraudes.

Los guardias civiles han determinado que los contratos fraudulentos en el Parque Warner se han venido produciendo desde el año 2012 hasta 2016. Por eso mismo, todavía no se conoce la cantidad total defraudada a las arcas de este centro de ocio familiar que depende de la empresa Parques Reunidos.

Sin embargo, sí se han descubierto algunos detalles que dan una idea de que la cantidad estafada es muy grande: para lavar el dinero, los detenidos han adquirido «varias viviendas», y han realizado ingresos de «grandes cantidades de dinero» en distintas cuentas bancarias.

Para blanquear el botín, además de la compra de casas, los arrestados han utilizado como testaferros a personas de su entorno. El mecanismo era transferirle a los hombres de paja el dinero que previamente habían ingresado en las cuentas de sus empresas.

Un parque del tamaño de la Warner (544 hectáreas, según datos de su página web) con capacidad para miles de personas tiene muchos gastos en mantenimiento, por lo que se calcula que en cuatro años la cuantía de lo robado puede ser ingente. Los agentes también imputan un delito de falsificación documental por las facturas falsas y los presupuestos inflados que se han encontrado para estos contratos de mantenimiento.

Los proyectos se contrataban con estos empresarios siempre a cambio de un beneficio mutuo, es decir, de que el director de mantenimiento de la Warner se llevara su parte. De ahí el presunto delito de corrupción entre particulares. Este periódico se puso ayer en contacto con la empresa Parques Reunidos para recabar su versión al respecto de este caso de corrupción descubierto en sus instalaciones, pero se alegó que «el caso está bajo investigación judicial y no se puede decir nada».

Por parte de la Guardia Civil sólo se confirmaron los datos conocidos por este periódico y se explicó que la investigación continúa abierta, por lo que tampoco se podían ofrecer más detalles.

Fuente de la notícia: Diario El Mundo

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